Cuando los fiscales federales entren el lunes en el tribunal federal de Brooklyn para presentar sus alegatos iniciales contra Genaro García Luna, el funcionario mexicano de mayor rango que ha sido juzgado en Estados Unidos por corrupción con el narcotráfico, revelarán un caso complejo que les ha llevado años construir.
Sin embargo, la historia completa de la investigación de García Luna —un exsecretario de seguridad pública que fue posiblemente el socio mexicano más importante de Estados Unidos en un largo y fallido esfuerzo por transformar el sistema de justicia mexicano— difícilmente representa un triunfo de la investigación criminal estadounidense.
Los agentes de la Administración de Control de Drogas descubrieron pruebas de la alianza secreta de García Luna con violentos narcotraficantes hace más de 10 años, meses antes de que abandonara su cargo en 2012. Al año siguiente, ya tenían suficiente para presentar sus hallazgos a la entonces directora de la DEA, quien los instó a seguir adelante con una acusación.
Pero a medida que los investigadores continuaron construyendo su caso durante los siguientes años, los fiscales federales de Houston lo rechazaron repetidamente por lo que estimaron como pruebas insuficientes, informaron a ProPublica varios funcionarios y exfuncionarios. Al final, el caso se estancó.
“Ellos querían más”, dijo Steven S. Whipple, quien supervisó la investigación durante varios años como jefe adjunto y luego como jefe de la oficina de la DEA en Houston. “Yo pensaba que teníamos suficiente para acusar al tipo, pero dijeron que no. Y ellos eran los abogados”.
El caso no avanzó hasta principios de 2019, después de que un testigo para el gobierno en el juicio contra el capo mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, informó que le había pagado a García Luna más de $6 millones de dólares en efectivo de parte del Cártel de Sinaloa que Guzmán dirigía.
Poco después de ese testimonio, los fiscales del Distrito Este de Nueva York con sede en Brooklyn empezaron a armar el caso con el que detendrían a García Luna en diciembre de ese año. Las pruebas que adquirieron los agentes de Houston se convirtieron rápidamente en una parte central de su caso, dijeron los funcionarios familiarizados con la investigación.
García Luna se ha declarado inocente. Pero, si se le declara culpable, su traición señalaría una de las fallas de inteligencia más extraordinarias de la lucha que Estados Unidos ha librado contra el narcotráfico de México.
Los fiscales del Distrito Este también han levantado cargos similares contra dos de los ayudantes más cercanos de García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, y es probable que soliciten su extradición después del juicio, informaron los funcionarios. Un tercer ayudante de García Luna, Iván Reyes Arzate, quien durante años supervisó las unidades policiales de élite que trabajaban con agentes estadounidenses en investigaciones importantes, ya se declaró culpable de corrupción en Estados Unidos.
A partir de finales de la década de 1990, cuando García Luna dejó el servicio de inteligencia civil de México para ayudar a reorganizar la policía federal, pasó casi 15 años en el centro de los esfuerzos de los dos gobiernos para crear una estructura policial más eficaz y menos corrupta en México.
Durante seis años, García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación, un cuerpo policial vagamente inspirado en el FBI. A partir de finales de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón buscaba una ayuda mucho más amplia de Estados Unidos para combatir a las mafias del narcotráfico y transformar el sistema de justicia penal, García Luna fue durante años su poderoso Secretario de Seguridad Pública.
Sin embargo, a pesar de los elogios que recibió en Washington, García Luna fue objeto de reiteradas acusaciones de corrupción por parte de otros que se encontraban dentro del aparato de seguridad mexicano. Algunos de esos funcionarios dijeron haberle confiado sus sospechas a Calderón. Otros compartieron en privado lo que sabían con funcionarios de la embajada estadounidense. Unos pocos hicieron declaraciones abiertamente.
Los funcionarios estadounidenses que trabajaban en la Ciudad de México en aquella época describieron un ambiente perpetuamente empañado por rumores de corrupción que casi siempre eran difíciles de verificar. Dijeron que trataban de investigar las denuncias más importantes, pero que rara vez obtenían resultados satisfactorios. Los exdiplomáticos estadounidenses también dijeron que, aunque tenían acceso a la inteligencia de Estados Unidos, sabían poco de las investigaciones confidenciales que efectuaron la DEA y otras agencias policiales respecto a García Luna y otros funcionarios.
“Nunca vi ninguna información CORROBORADA de implicación en el narcotráfico”, twitteó después de la detención de García Luna la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta S. Jacobson.
Sin embargo, dado el papel central de García Luna en la lucha contra el crimen organizado y en el proyecto de reforma policial, el esfuerzo de indagación de los funcionarios estadounidenses que trabajaron con él se verá menos convincente al compararlo con la información incriminatoria que los fiscales federales comenzarán a revelar en sus alegatos el lunes.
Los fiscales del Distrito Este han preparado a más de 60 posibles testigos y decenas de miles de páginas de pruebas documentales, dijeron personas familiarizadas con el caso. Entre los principales testigos se espera la declaración de Sergio Villarreal Barragán, el gigantón traficante mexicano y exagente de policía conocido como El Grande, quien contó por primera vez su historia a los agentes de la DEA en Houston en 2012.
Sin embargo, el caso aún se enfrenta a algunos obstáculos legales. El más importante podría ser el plazo de prescripción de cinco años que cubre los delitos de drogas y corrupción. Los fiscales han tratado de sortear este obstáculo acusando a García Luna de unirse a los capos del Cártel de Sinaloa en una “empresa criminal continua”.
Al igual que la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, RICO), la denominada Ley de Empresas Criminales Continuas (Continuing Criminal Enterprise, CCE) se utiliza para imponer condenas de prisión más largas a los jefes del crimen, y se centra específicamente en los delitos relacionados con el narcotráfico. La acusación por medio de esta ley permite que los fiscales argumenten que García Luna y sus lugartenientes son responsables de acciones delictivas que continuaron años después de que dejaron de aceptar los sobornos de los traficantes.
Esta estrategia no ha sido probada como forma de procesar a un funcionario corrupto después de que aparentemente terminan sus vínculos con la delincuencia, y algunos funcionarios creen que podría ser un blanco de la defensa de García Luna.
A diferencia del intento frustrado del Distrito Este por procesar al exsecretario de defensa de México, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, por corrupción relacionada con el narcotráfico a finales de 2020, el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha aprobado en gran medida las acciones de Estados Unidos contra García Luna. Las autoridades mexicanas han cooperado con los fiscales estadounidenses en respuesta a algunas solicitudes de información, dijeron los funcionarios.
A Cienfuegos lo defendió vigorosamente el ejército mexicano, en el cual López Obrador se ha apoyado a lo largo de su administración. Ante las protestas diplomáticas, el entonces procurador general de Estados Unidos William P. Barr retiró los cargos apenas un mes después de su detención y envió al general de vuelta a México. Cienfuegos se declaró inocente de cualquier delito.
En cambio, García Luna está estrechamente vinculado con Calderón, un conservador proestadounidense que derrotó a López Obrador en unas reñidas elecciones en 2006 y que sigue siendo su odiado rival. El gobierno mexicano ha presentado sus propios cargos de corrupción contra García Luna y también lo demandó ante un tribunal de Florida, exigiéndole $250 millones de dólares que, según las autoridades, él y sus socios robaron cuando era Secretario de Seguridad Pública. García Luna negó esas acusaciones.
Al mirar atrás, algunos de los muchos funcionarios estadounidenses que trabajaron estrechamente con García Luna dijeron que tenían motivos para sospechar de él mucho antes de que fuera acusado de trabajar para el cártel de Sinaloa de Guzmán.
Un exfuncionario de la Embajada de Estados Unidos recordó que García Luna lo invitó a una fiesta en Cuernavaca, un retiro de fin de semana al sur de la capital que frecuentan los mexicanos adinerados. El anfitrión dijo que la casa pertenecía a la familia de su esposa.
En cierto momento, García Luna acompañó a algunos de sus invitados estadounidenses a un garaje inmaculado, parecido a un almacén, donde guardaba una reluciente colección de automóviles antiguos restaurados, recordó uno de ellos. Era imposible calcular el valor de la colección a simple vista, pero el exfuncionario de la Embajada pensó que quizás valía cientos de miles de dólares, posiblemente tanto como la propia casa.
“Era muy obvio”, dijo el exfuncionario, quien, como otros, insistió en el anonimato para hablar de información aún secreta sobre el caso de García Luna. “Si no era corrupto, era sospechoso, pero en realidad no teníamos más opción que trabajar con él”.
La DEA se fijó en García Luna desde el principio. A mediados de la década de 1990, cuando aún trabajaba en el servicio de inteligencia, él y Cárdenas Palomino, su lugarteniente de toda la vida, llegaron a Tijuana para ofrecerse a colaborar con los agentes estadounidenses que trabajaban contra la banda de los Arellano Félix, los hermanos narcotraficantes que habían estado implicados en el asesinato del cardenal católico de Guadalajara en 1993.
“Presentaron un informe muy bien elaborado”, dijo un exagente de la DEA sobre los dos agentes de inteligencia mexicanos. “Tenían un plan operativo, pero todo estaba dirigido contra los Arellano. Cuando hablabas de cualquier otro narco, no les interesaba”.
El exagente supuso que García Luna podría haber estado trabajando ya desde ese entonces para el Cártel de Sinaloa, rival de los Arellano. García Luna y Cárdenas Palomino presionaron a la DEA para obtener información sobre los Arellano, pero los mexicanos afirmaron saber poco sobre los sinaloenses, a pesar de que entonces operaban desde la cercana ciudad de Mexicali y luchaban violentamente para entrar a la plaza de Tijuana.
En 1998, García Luna acompañó a uno de sus antiguos jefes del servicio de inteligencia para intentar reorganizar la notoriamente corrupta Policía Federal Preventiva. Aquel esfuerzo terminó con el exjefe de inteligencia acusado de corrupción (más tarde fue exonerado), pero García Luna prosperó. Cuando el primer presidente de la oposición fue electo en México en el año 2000, a García Luna lo nombraron para dirigir la policía federal, que cambió otra vez su nombre al de Agencia Federal de Investigación.
En la AFI, García Luna impresionó a los funcionarios estadounidenses como un tecnócrata capaz (tenía un título de ingeniero mecánico), sin la desconfianza nacionalista que siempre había empañado la colaboración de México con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
Cuando escogieron a García Luna a finales de 2006 para dirigir una nueva y poderosa Secretaría de Seguridad Pública bajo el mandato de Calderón, la Embajada de EE. UU. se alegró en un cable enviado a Washington. Cuando Calderón se dirigió a la administración de George W. Bush en busca de ayuda urgente en la lucha contra la creciente violencia, los dos gobiernos firmaron un acuerdo histórico, la Iniciativa Mérida, que daría lugar a una nueva era de cooperación y a más de $3,500 millones de dólares en ayuda estadounidense para la seguridad.
“En muy poco tiempo, García Luna se convirtió en nuestra persona de referencia porque era el socio más eficaz que teníamos”, afirmó John Feeley, un diplomático estadounidense de alto nivel que trabajó durante años en la implementación del plan Mérida. “Hubo muchas cosas que hicimos bajo la rúbrica de Mérida con mucho éxito, y en muchas de ellas participó García Luna”.
Al mismo tiempo, sin embargo, el objetivo central de Mérida de reformar las fuerzas policiacas tropezó con interminables dificultades bajo el liderazgo de García Luna.
Cuando se compartía información de inteligencia delicada con los oficiales de policía mexicanos, incluso con los que la DEA había aprobado y entrenado, esa información se filtraba a los traficantes de forma casi rutinaria. Hubo comandantes de policía de esas unidades, entrenados por estadounidenses, que fueron asesinados uno tras otro, al parecer traicionados por sus propios colegas.
García Luna, Cárdenas Palomino y otros altos funcionarios de seguridad se negaron a someterse a las pruebas de selección y de polígrafo que se les hacían a los agentes aprobados, y los funcionarios estadounidenses consideraron que no podían obligarlos a hacerlo (Reyes Arzate, un lugarteniente de García Luna que dirigía las unidades de la policía mexicana que trabajaban con agentes estadounidenses, sí pasó unas pruebas de polígrafo antes de ser acusado en Chicago en 2017 de filtrar información a los traficantes, dijeron dos funcionarios).
Para cuando García Luna dejó su puesto en 2012, ya se le había vinculado con narcotraficantes en varios informes periodísticos mexicanos, y al menos tres funcionarios mexicanos lo habían implicado públicamente o en privado. Dos de sus acusadores, un exfuncionario de policía y un general del ejército, fueron encarcelados por corrupción; posteriormente fueron absueltos.
En mayo de 2012, unos funcionarios del gobierno de Calderón ayudaron a obtener la extradición de Villarreal, el temido traficante mexicano apodado El Grande. Semanas después, los investigadores estadounidenses empezaron a interrogarlo detenidamente en una prisión federal de Texas.
Según varios exfuncionarios, la historia que les contó Villarreal era fascinante. Describió a García Luna como un protector pagado y de confianza tanto del Cártel de Sinaloa como de la Organización de los Beltrán Leyva, la poderosa banda dirigida por unos hermanos que se separaron de Guzmán y sus aliados de Sinaloa en 2008.
Arturo Beltrán Leyva, que dirigió esa organización hasta su muerte en una redada de los infantes de marina mexicanos en 2009, estaba tan confiado en que García Luna era empleado suyo que lo reprendió después de que uno de sus hermanos fue detenido, dijo Villarreal. El traficante dijo que Cárdenas Palomino y otros lugartenientes de García Luna estaban también inmiscuidos en el plan.
En cierto momento, les dijo Villarreal a los investigadores de la DEA, García Luna se reunió con un grupo de traficantes de alto nivel en un rancho aislado y les informó que ya no podría aceptar su dinero, al menos por un tiempo. Estaba recibiendo tanto dinero en efectivo que ya no tenía los medios para lavarlo, según declararon antiguos funcionarios familiarizados con su versión de los hechos.
Villarreal declaró bajo juramento y expuso información específica que los agentes pudieron corroborar posteriormente. Si sus acusaciones contra García Luna eran ciertas, esto sugería que todo el esfuerzo estadounidense por transformar la estructura policial de México podría haber estado condenado al fracaso desde el principio.
Un pequeño grupo de agentes de la DEA en Houston, donde Villarreal estaba siendo procesado, empezó a investigar el caso. Comenzaron a vigilar a García Luna en Miami, a donde se había mudado con su familia para establecer una firma de consultoría de seguridad y otros negocios. También descubrieron sus complicados enredos con un ejecutivo de seguridad mexicano, Samuel Weinberg, y el hijo de este, de quienes se descubrió que canalizaban fondos hacia algunas de las empresas de García Luna. Los Weinberg han negado haber actuado ilegalmente.
Como parte de sus esfuerzos por rastrear las finanzas de García Luna, los agentes descubrieron en Panamá que millones de dólares estaban siendo transferidos sospechosamente de cuentas en el extranjero a otras que García Luna parecía controlar en Miami, incluida una de un restaurante en el que parecía estar lavando dinero. A través de una empresa de los Weinberg, aparentemente se había facilitado la compra de la casa de $3.3 millones de dólares donde vivía García Luna en Golden Beach, al norte de Miami, pero fue él quien la eligió con un agente inmobiliario, según declaró un exfuncionario.
En 2013, un agente que supervisaba el caso fue enviado a Washington para presentar un informe ante la administradora de la DEA, Michele M. Leonhart. Ella no dudó en su evaluación del caso, recordó un antiguo funcionario familiarizado con la reunión. “Háganlo”, la citó el funcionario. “Asegúrense de que sea procesado”.
Pero mientras García Luna buscaba clientes para su empresa de seguridad, estudiaba una maestría en administración de empresas en la Universidad de Miami y disfrutaba de su nueva vida, los investigadores de Houston obtuvieron una respuesta menos entusiasta de los procuradores federales del Distrito Sur de Texas, con sede en esa ciudad.
Los procuradores no estaban particularmente interesados en un caso histórico de corrupción, dijeron tres exfuncionarios, y pensaban que los agentes no habían reunido pruebas suficientes para condenar a una figura con un perfil tan alto como García Luna.
“El Distrito Sur consideró que no había suficiente información para acusarlo”, dijo Whipple, exjefe de la DEA en Houston. “No pudimos lograr que lo procesaran”.
Whipple y otros supervisores del caso alentaron a los agentes para que siguieran adelante, pero estos avanzaron lentamente. La información de finanzas era compleja y se complicaba por la dificultad de obtener expedientes en el extranjero. Los agentes entrevistaron a algunos traficantes mexicanos encarcelados y a otros posibles testigos.
Sin embargo, a pesar de las pruebas adicionales, los fiscales de la oficina de Houston siguieron considerando que la evidencia era insuficiente para procesar a un objetivo tan formidable como García Luna, dijeron los funcionarios. Una portavoz de la oficina del procurador federal, Angela Dodge, se rehusó a hacer comentarios sobre cómo sopesaron el asunto de García Luna, pero dijo: “Consideramos cada caso basándonos en las pruebas y en lo que se puede demostrar más allá de cualquier duda razonable en un tribunal de justicia”.
Con el tiempo, sin embargo, los investigadores de la DEA empezaron a perder la iniciativa, según los funcionarios.
“Cuando has seguido todas las pistas que has podido encontrar y los fiscales dicen que no es suficiente, las cosas se estancan”, dijo Whipple. “Yo creía que habíamos reunido todos los elementos necesarios. Pero lo dejaron en segundo plano hasta que algo estallara... y el caso del Chapo por fin estalló”.
Al principio del juicio de Guzmán en el Distrito Este, un antiguo lugarteniente de Sinaloa, Jesús Zambada García, declaró que se había reunido con García Luna dos veces en un restaurante de la Ciudad de México para entregarle maletines llenos de dinero, cada uno con más de $3 millones de dólares. Esa revelación y otras hicieron que el procurador federal Richard P. Donoghue diera instrucciones a sus fiscales para que empezaran a abrir casos contra García Luna y otros funcionarios mexicanos corruptos.
Esos fiscales y los investigadores con quienes trabajaban no tardaron en encontrar el caso que se había elaborado en Houston. Uno de los agentes de la DEA y un analista de delitos financieros les entregaron con entusiasmo todo el trabajo que habían realizado durante los siete años anteriores.
Un gran jurado federal de Brooklyn acusó en secreto a García Luna por el delito de conspiración relacionada con drogas. Fue arrestado en Dallas el 9 de diciembre de 2019.
Doris Burke contribuyó con su investigación. Traducido al español por Mónica E. de León.
